Servicio de cocaína a domicilio

La Jefatura Superior de Policía de Murcia y la Brigada Provincial de la Policía Judicial han desarticulado una organización integrada por 25 individuos que se dedicaban a distribuir cocaína a domicilio en distintos puntos de la Región de Murcia.

La investigación sobre el entramado que se ocultaba detrás de esta red de narcotraficantes comenzó hace seis meses. Durante este dilatado período de tiempo, los agentes han podido averiguar todo lo relacionado con la estructura jerárquica de la organización, así como sus lugares de trabajo y los contactos que mantenían para conseguir la droga. La Policía ha descubierto que los principales responsables de esta banda se desplazaban hasta Madrid y Valencia dos veces por semana para negociar con los propietarios que les abastecían de cocaína. Normalmente, adquirían cantidades inferiores a los dos kilogramos para no levantar ningún tipo de sospecha. Una vez que la droga llegaba a Murcia se ocultaba en los pisos que se utilizaban como lugar de trabajo por los integrantes de esta organización.

Era entonces cuando todos los miembros de la banda se ponían manos a la obra. Y, mientras unos se dedicaban a adulterar y mezclar la cocaína pura con otras sustancias para sacarle mayor rendimiento a la cantidad adquirida, otros se encargaban del fraccionamiento de la misma, ya que dividían todos los paquetes de esta droga en pequeños envoltorios, cuyo peso oscilaba entre los 50 y los 300 gramos de cocaína. Posteriormente, los responsables de la labor de distribución se encargaban de venderla a través de un servicio a domicilio. Los principales destinatarios de estos alijos de coca eran los locales de ocio frecuentados principalmente por jóvenes y los consumidores particulares de este estupefaciente.

Pero para que todo este procedimiento se llevara a cabo sin el menor altercado, la organización contaba con importantes medidas de seguridad. La mayoría de los integrantes contaban con documentación falsa con el objetivo de preservar su verdadera identidad y de no sufrir ningún tipo de daño en el caso de que tuvieran que abandonar la estructura de esta banda con urgencia. También intentaron despistar la labor de investigación de la Policía, ya que realizaron varias entregas falsas de cocaína durante el mes de noviembre. A pesar de ello, la Brigada de Estupefacientes y de la Policía Judicial puso fin a este negocio ilegal con la detención de los 25 integrantes de esta banda, de los que 15 eran de nacionalidad colombiana y 10 eran españoles. Además de ello, los agentes también hicieron siete registros domiciliarios en los pisos en los que trabajaban los narcotraficantes en los municipios de Cartagena, El Puntal, Churra, Las Torres de Cotillas o Beniaján. Esta actuación se ha saldado con la incautación de 6.000 euros, ocho vehículos y un revólver, así como diversas sustancias para adulterar la cocaína y todo tipo de artilugios para el corte, el prensado y el envasado de la droga.

Galería pictórica de cocaína

Ingenio e inteligencia. Estas son algunas de las cualidades que predominaban entre los miembros de una banda de narcotráfico internacional cuyo cometido se basaba en introducir cocaína en nuestro país y distriuirla a través de obras pictóricas. Pero la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto fin a las expectativas de comercio ilegal de los responsables de esta organización.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Sevilla, de la Costa del Sol y efectivos de la Comisaría de Móstoles han desarticulado una red de tráfico de cocaína que operaba en el radio comprendido entre las ciudades de Málaga, Madrid y Sevilla. La banda contaba con una perfecta jerarquización, algo que le permitió actuar con discreción y eficacia en cada uno de los golpes que ejecutaban. Los cabecillas de la organización eran dos nigerianos, encargados de buscar a “contactos” de escasos recursos económicos que estuvieran dispuestos a viajar a Colombia para recoger los cargamentos de droga y, posteriormente, introducirla en España. Si los “correos humanos” aceptaban este reto, los jefes de la organización les pagaban una cantidad que oscilaba entre los 4.000 y los 6.000 euros y, además, les ofrecían todo tipo de facilidades para que el trayecto entre Sudamérica y España fuera de lo más discreto y no levantara ninguna sospecha a su paso por los controles de seguridad de los aeropuertos. Para ello, los dirigentes de la banda de narcotraficantes le gestionaban el alojamiento y el régimen de comida durante su estancia en el país colombiano y les proporcionaban todo tipo de indumentaria, documentación falsa y móviles. Todo a cambio de que la cocaína aterrizara intacta a Madrid.

Una vez que la droga llegaba “sana y salva” al seno de la organización, un grupo de españoles se encargaban de manipular la cocaína y camuflarla entre cuadros de diferentes tamaños y estilos pictóricos. Cuando todo estaba preparado, otro equipo de trabajo se encargaba de distribuir estos cuadros a los diferentes puntos de venta de cocaína con los que contaban. Pero en uno de estos ejercicios de distribución artística, la Policía Nacional descubrió el entramado oculto que había entre el equipaje de una furgoneta y acabó con el negocio de esta red de narcotráfico.

La operación se saldó con la detención de nueve personas de entre 24 y 45 años y con la incautación de 20 kilos de cocaína de gran pureza, de 3.400 euros, teléfonos móviles y numerosa documentación falsa.

21 crímenes que no pasarán al olvido

Pablo Emilio Escobar Gaviria regresa a la actualidad informativa. Y no precisamente por celebrarse el decimosexto aniversario de su muerte, sino porque la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha elevado 21 de sus crímenes a delitos de lesa humanidad.

La Fiscalía Especializada de Medellín ha tomado esta decisión siguiendo el argumento de que estos crímenes, ejecutados por Escobar y por algunos de sus aliados que continúan con vida, se llevaron a cabo para presionar a los poderes políticos del país con la finalidad de evitar la extradición de los narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. Junto a ello, los jueces han afirmado que otra de las causas que les abocó a asumir esta responsabilidad fue que nunca se investigó en profundidad ni se halló la verdad sobre las causas y las consecuencias de estos graves asesinatos. Con la aprobación de este dictamen, el fiscal general, Guillermo Mendoza, y el procurador encargado de este caso, Alejandro Ordóñez, han estimado oportuno que se organice una unidad especial para que se encargue de la investigación y del hallazgo de pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los acusados.

Por su parte, el Ministerio Público de Colombia ha animado a todos los familiares de las víctimas de Pablo Escobar para que se unan a este proceso. Sólo de este modo, la Fiscalía podrá estudiar si se reúnen o no las condiciones necesarias para reabrir los casos denunciados y, si es necesario, para declararlos de lesa humanidad antes de que prescriban. A raíz de este llamamiento han sido muchas las personalidades que se han sumado a esta causa, entre los que destacan Ricardo Medina, hijo de Álvaro Medina Ochoa, el primer juez del Tribunal Superior de Medellín que ordenó la detención de Pablo Escobar; así como Ana María de Cano, esposa de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador; y Nidia Quintero, la madre de Diana Turbay, la joven periodista de este diario colombiano.

De todos los asesinatos cometidos por el “Zar de la cocaína” durante la década de los 80 y de los 90 en el período conocido como “Narcoterrorismo”, la Justicia colombiana ha evitado la prescripción de algunos crímenes que mayor repercusión han tenido entre la sociedad del país:

- Asalto al Palacio de la Justicia en noviembre de 1985. Esta actuación fue contrarrestada por las Fuerzas Armadas, pero no se pudo evitar la muerte de un centenar de personas y la desaparición de 11 hombres.
- Triple atentado en la sede del periódico El Espectador entre abril y octubre de 1989. El incidente causó la muerte a cuatro periodistas y al director del diario, Guillermo Cano.
- Explosión de una bomba en el vuelo 203 de la compañía Avianca cuando el avión se encontraba en pleno viaje en noviembre de 1989. Con este atentado, Pablo Escobar quería asesinar al entonces candidato a la presidencia, César Gaviria, pero el político finalmente subió en otro avión al seguir las recomendaciones de su corporación. El resultado de esta tragedia fue la muerte de 107 personas.

- Atentado en el edificio del DAS, la policía secreta de Colombia, en diciembre de 1989. A pesar de que la bomba iba destinada a acabar con la vida del director de esta institución, Miguel Alfredo Maza Márquez, el general salió ileso, pero, a cambio, murieron 104 personas y provocó miles de heridos.
- Entre enero de 1988 y agosto de 1989, Pablo Escobar secuestro, entre otros, a Andrés Pastrana (alcalde de Bogotá y posterior presidente del Gobierno de Colombia), Diana Turbay (periodista e hija del ex presidente Julio César Turbay), Francisco Santos (jefe de redacción del periódico El Tiempo) o Valdemar Franklin (coronel del Ejército).

Los crímenes que ya han sido declarados de lesa humanidad por la Fiscalía Especializada de Medellín contarán con la competencia de las dos instituciones de Colombia encargadas de ello, como son la Fiscalía de lo Penal y la Procuraduría. Por lo tanto, quedará excluida la posible intervención de la Corte Penal Internacional para la resolución de estos casos.