21 crímenes que no pasarán al olvido

Pablo Emilio Escobar Gaviria regresa a la actualidad informativa. Y no precisamente por celebrarse el decimosexto aniversario de su muerte, sino porque la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha elevado 21 de sus crímenes a delitos de lesa humanidad.

La Fiscalía Especializada de Medellín ha tomado esta decisión siguiendo el argumento de que estos crímenes, ejecutados por Escobar y por algunos de sus aliados que continúan con vida, se llevaron a cabo para presionar a los poderes políticos del país con la finalidad de evitar la extradición de los narcotraficantes colombianos a Estados Unidos. Junto a ello, los jueces han afirmado que otra de las causas que les abocó a asumir esta responsabilidad fue que nunca se investigó en profundidad ni se halló la verdad sobre las causas y las consecuencias de estos graves asesinatos. Con la aprobación de este dictamen, el fiscal general, Guillermo Mendoza, y el procurador encargado de este caso, Alejandro Ordóñez, han estimado oportuno que se organice una unidad especial para que se encargue de la investigación y del hallazgo de pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de los acusados.

Por su parte, el Ministerio Público de Colombia ha animado a todos los familiares de las víctimas de Pablo Escobar para que se unan a este proceso. Sólo de este modo, la Fiscalía podrá estudiar si se reúnen o no las condiciones necesarias para reabrir los casos denunciados y, si es necesario, para declararlos de lesa humanidad antes de que prescriban. A raíz de este llamamiento han sido muchas las personalidades que se han sumado a esta causa, entre los que destacan Ricardo Medina, hijo de Álvaro Medina Ochoa, el primer juez del Tribunal Superior de Medellín que ordenó la detención de Pablo Escobar; así como Ana María de Cano, esposa de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador; y Nidia Quintero, la madre de Diana Turbay, la joven periodista de este diario colombiano.

De todos los asesinatos cometidos por el “Zar de la cocaína” durante la década de los 80 y de los 90 en el período conocido como “Narcoterrorismo”, la Justicia colombiana ha evitado la prescripción de algunos crímenes que mayor repercusión han tenido entre la sociedad del país:

- Asalto al Palacio de la Justicia en noviembre de 1985. Esta actuación fue contrarrestada por las Fuerzas Armadas, pero no se pudo evitar la muerte de un centenar de personas y la desaparición de 11 hombres.
- Triple atentado en la sede del periódico El Espectador entre abril y octubre de 1989. El incidente causó la muerte a cuatro periodistas y al director del diario, Guillermo Cano.
- Explosión de una bomba en el vuelo 203 de la compañía Avianca cuando el avión se encontraba en pleno viaje en noviembre de 1989. Con este atentado, Pablo Escobar quería asesinar al entonces candidato a la presidencia, César Gaviria, pero el político finalmente subió en otro avión al seguir las recomendaciones de su corporación. El resultado de esta tragedia fue la muerte de 107 personas.

- Atentado en el edificio del DAS, la policía secreta de Colombia, en diciembre de 1989. A pesar de que la bomba iba destinada a acabar con la vida del director de esta institución, Miguel Alfredo Maza Márquez, el general salió ileso, pero, a cambio, murieron 104 personas y provocó miles de heridos.
- Entre enero de 1988 y agosto de 1989, Pablo Escobar secuestro, entre otros, a Andrés Pastrana (alcalde de Bogotá y posterior presidente del Gobierno de Colombia), Diana Turbay (periodista e hija del ex presidente Julio César Turbay), Francisco Santos (jefe de redacción del periódico El Tiempo) o Valdemar Franklin (coronel del Ejército).

Los crímenes que ya han sido declarados de lesa humanidad por la Fiscalía Especializada de Medellín contarán con la competencia de las dos instituciones de Colombia encargadas de ello, como son la Fiscalía de lo Penal y la Procuraduría. Por lo tanto, quedará excluida la posible intervención de la Corte Penal Internacional para la resolución de estos casos.